Luis Britto García, miembro del Consejo de Estado, señaló
que hay una
“conspiración de alto nivel” contra el país.
El historiador y académico Luis Britto García considera “un
honor” que un
“ciudadano de a pie”, como se describe a sí mismo, integre
el Consejo de
Estado, instancia con funciones consultivas que tendrá el
Ejecutivo y sobre
el que existía una mora constitucional de más de 12 años.
Britto, doctor en derecho, evaluará, como primera tarea,
junto con el
Presidente, el vicepresidente y el periodista José Vicente
Rangel, la salida
de Venezuela de la Cidh. Ayer, conversó, vía telefónica con
PANORAMA, sobre
esta instancia.
— ¿Cuáles son las tareas que va a tener el Consejo de
Estado?
— El Consejo de Estado es un órgano previsto en la
Constitución, no se tiene
que confundir con el Consejo Federal de Gobierno. Es una
instancia
consultiva integrada por el Presidente y vicepresidente,
pero además tiene
un miembro designado por el TSJ, otro por la AN y los otros
nombrados por el
Presidente. Sus funciones son consultivas, preparar informes
sobre los casos
que le consulten los poderes públicos, en especial el
Ejecutivo; diseñar
sugerencias sobre políticas. No tomaremos decisiones, vamos
a recomendar o
señalar determinados cursos de acción al Ejecutivo y él
decidirá si se acoge
a los señalamientos.
— ¿Cuándo tendrán la primera reunión con el vicepresidente?
— Todavía no lo sé, porque éste es un órgano nuevo, que
estaba en la
Constitución pero no se había habilitado. No sé cuándo
comenzará a funcionar
ni con cuánta periodicidad, eso lo decidirán el Presidente y
el
vicepresidente. Es más, sus funciones son ad honorem.
— ¿Por qué cree que este consejo no se había creado antes?
— No lo sé, todavía hay muchos mandatos de la Constitución
que se vienen a
articular con mucho retraso. Muy fundamental era la Policía
Nacional y sin
embargo eso vino a crearse como una década después. Creo que
también es el
caso de este órgano, me parece muy bien que se haya decidido
ponerlo a
funcionar y para mi es un honor.
— El Presidente habló de un plan conspirativo y de
desestabilización, ¿es
por eso que se pone a funcionar esta instancia?
— No necesariamente. Hay planes conspirativos de gran
magnitud instaurados
contra la República, por ejemplo, un posible golpe judicial
a través de
cortes internacionales. Eso es una conspiración de alto
nivel que en este
momento se está ejecutando contra Venezuela y justamente
dentro de la
primera petición que le hace el Presidente a este organismo
está cómo
salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
de la Corte
Interamericana, que está avanzando este tipo de iniciativas
contra el país.
— ¿Y qué significa para el país salir de la Cidh y de la
Corte IDH?
— Esa decisión tendría que ser decidida por una mayoría de
la Asamblea
Nacional porque el Parlamento ratificó el Tratado por el que
nos sometimos a
eso y la Asamblea debería también hacer lo que se llama la
denuncia del
Tratado. Una vez que sea denunciado van a seguir las causas
en curso, pero
únicamente por el lapso de un año, lo que no se podrá es
introducir nuevas
causas contra Venezuela. Ahora, ¿cuáles serían las
consecuencias de que nos
saliéramos? EE UU nunca ha pertenecido o ha estado bajo la
jurisdicción de
la Corte o de la Cidh y no le ha sucedido nada. Canadá
tampoco ha suscrito
un acuerdo que lo someta a estos organismos y no le ha
pasado nada.
— ¿Salir de la Cidh implicaría salir de la Corte y además de
la OEA?
— De la OEA no necesariamente. Esos son organismos
jurisdiccionales. EE UU
está en la OEA y no se somete a la Cidh ni a la Corte.
Seguiríamos en la
OEA, aunque es un organismo cada vez más desacreditado por
sus mismas
políticas de destrucción contra los países no afectos a
Estados Unidos. En
la Cumbre de Cartagena hubo una cantidad de países que no
asistieron,
algunos por ser discriminados por ese sistema, como Cuba; y
otros por
solidaridad.
— Usted dijo que esa Corte está prejuiciada contra
Venezuela, ¿de qué
manera?
— La Corte en las actuaciones que ha tenido ha demostrado un
extraordinario
prejuicio contra nuestro país. Durante todas las violaciones
de derechos
humanos de la cuarta república apenas procesaron seis
denuncias y
actualmente tiene en curso 66 denuncias contra Venezuela,
eso es
absolutamente desproporcional. Por otro lado, admiten
denuncias sin tener
precisado el nombre de las supuestas víctimas, basadas en
rumores y notas de
prensa; denuncias sobre las cuales no se ha pronunciado la
jurisdicción
interna venezolana. Para evitar que haya fallos
contradictorios en una corte
internacional tienes que esperar a que el país tenga una
sentencia firme y
definitiva, pero no, ellos se ponen a admitir denuncias
sobre casos que la
justicia venezolana no ha resuelto, creando contradicciones.
Por lo tanto,
tenemos que salir de ese organismo que no reconoce la
soberanía de
Venezuela.
— ¿Y cuál es el procedimiento a seguir ahora?
— Se eleva la solicitud a la AN, el Parlamento la
considerará y si lo cree
pertinente sancionará el Tratado.
— ¿Se votaría por mayoría absoluta o simple?
— Sería simple porque así como no se exige una mayoría
absoluta para la
ratificación del Tratado tampoco se debe pedir esa mayoría
para separarnos
de la instancia.
Consejo de Estado
En la Gaceta Oficial número 39.912 del lunes 30 de abril que
circula el día
este miércoles, se designa como integrantes principales del
Consejo de
Estado a José Vicente Rangel, Roy Chaderton, Germán
Mundaraín, Carlos Rafael
Giacopini y Luis Britto García.
Como miembros suplentes del Consejo figuran Imelda Rincón,
Soraya E Achkar,
Miguel Ángel Pérez Abad, Samuel Moncada y Jesús Rafael
Martínez Barrios.
El pasado 30 de abril, el primer Mandatario Nacional
encomendó al
vicepresidente Elías Jaua “presidir el Consejo de Estado. Me
corresponde a
mi hacer algunas designaciones, he pedido al doctor Rangel
que se incorpore,
he pedido al doctor Britto García que se incorpore”.
El Consejo de Estado, establecido en el artículo 251 de la
Constitución de
1999, “es el órgano superior de consulta del Gobierno y la
Administración
Pública Nacional” encargado de estudiar “asuntos a los que
el Presidente o
Presidenta de la República reconozca de especial
trascendencia y requiera su
opinión“.
Artículo: Yesibeth Rincón
Fuente: Panorama